La Corte Suprema, en el Recurso de Casación N° 4199-2024/Moquegua, ha precisado que la configuración del delito de colusión exige dos elementos fundamentales: i) una concertación idónea entre el funcionario y el particular interesado, y ii) un perjuicio patrimonial efectivo en agravio del Estado. Asimismo, la Sala señala que la concertación constituye un «delito de encuentro», en el que resulta indispensable la participación coordinada entre el agente público y el particular. Cabe resaltar que para que se de una colusión simple solo basta la existencia del acuerdo colusorio, incluso si aún no se concreta un daño económico. En cambio, cuando la concertación se ejecuta y produce un perjuicio económico en agravio del Estado, configura su forma agravada.

De acuerdo con el artículo 384 del Código Penal, comete colusión el funcionario o servidor público que interviene de forma directa o indirecta en cualquiera de las etapas de la adquisición o contratación pública. La finalidad de la norma es sancionar el acuerdo ilícito que distorsiona la transparencia en los procesos de contratación.

En consecuencia, la conducta precitada se manifiesta como un ilícito penal que afecta directamente la integridad de las contrataciones, pues introduce intereses privados y ajenos a la legalidad en decisiones que deben responder al bienestar público. La concertación indebida entre el sector privado y el funcionario público rompe el equilibrio del procedimiento administrativo y abre espacio a la defraudación, manipulación y la adjudicación direccionada.